Estamos totalmente olvidados, han muerto nuestras madres, tías, abuelitas. Nosotros pedimos que nos visiten, que vean cómo estamos, qué vida pasamos, nosotros no podemos educarnos, sólo funcionan escuelas en dos comunidades vecinas, tampoco hay postas médicas. Nuestras casas no están bien, es para asustarse, no hay confianza, no tenemos garantías, importante es que alcancemos justicia de las muertes”.
Este testimonio de Gerardo Fernández Mendoza, Presidente de la Asociación de Afectados y Víctimas de la Violencia de las ocho comunidades de Putis, ante la tragedia de la muerte y desaparición de 430 campesinos y campesinas cuyos cadáveres han comenzado a ser exhumados,nos recuerda con crudeza que aún estamos muy lejos de alcanzar Verdad, Justicia y Reparación en el Perú.
De acuerdo al Informe Final de la CVR:
"los efectivos del orden recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en el local donde funcionaba el colegio,[.]. [l]es aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población. Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas". La CVR agrega que "[s]in embargo, cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que había hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar. Los asesinaron porque tenían sospecha de que estaban vinculados a la subversión; además, para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos que, luego de los hechos, comercializaron en Marccaraccay" (Informe Final, Tomo VI).
Lamentablemente, ante este repudiable hecho que afecta profundamente al país y especialmente la memoria de los familiares y víctimas que han sobrevivido al conflicto armado interno, una vez más se ve que el Estado no está asumiendo su responsabilidad de investigar, identificar, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas. Continúa poniendo trabas al proceso de judicialización de casos sobre violaciones a derechos humanos como es el caso de la matanza en la comunidad de Putis.
Tal como lo han denunciado instituciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de víctimas, en el caso de Putis persisten las dificultades para realizar las investigaciones preliminares y los procesos judiciales. No hay apoyo para realizar diligentemente las exhumaciones. Se constata la falta de un sistema de protección para víctimas y testigos, la ausencia de defensa legal para las víctimas y la reiterada negativa por parte del Ministerio de Defensa para facilitar lainformación requerida por las instancias respectivas.
Putis nos recuerda la necesidad de reconocer que la herida sigue abierta y que, por lo tanto, es fundamental retomar el impulso en la lucha por seguir exigiendo rendición de cuentas al Estado y alcanzar verdad justicia y reparación. Resulta inaceptable que a cinco años del informe final de la CVR, la mitad de los casos entregados para su judicialización se encuentren aún en proceso de investigación preliminar, que las reparaciones colectivas no se implementen con la celeridad necesaria, sobre todo, en las zonas más afectadas y que cerca de 4.000 sitios de entierros clandestinos reportados por la CVR sigan esperando una investigación en el marco de un Plan Nacional de Antropología Forense.
Los representantes del Estado, desde el Presidente de la República hasta los más altos mandos de las Fuerzas Armadas, deben rechazar públicamente estas acciones, deslindar con los militares que violaron los derechos humanos de los campesinos y campesinas de la comunidad de Putis y pedir perdón en nombre del Estado, a las víctimas y sus familiares.
Este debería ser el primer paso para garantizar justicia y seguridad a los testigos y reparación a las familias y comunidades afectadas.
Este testimonio de Gerardo Fernández Mendoza, Presidente de la Asociación de Afectados y Víctimas de la Violencia de las ocho comunidades de Putis, ante la tragedia de la muerte y desaparición de 430 campesinos y campesinas cuyos cadáveres han comenzado a ser exhumados,nos recuerda con crudeza que aún estamos muy lejos de alcanzar Verdad, Justicia y Reparación en el Perú.
De acuerdo al Informe Final de la CVR:
"los efectivos del orden recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en el local donde funcionaba el colegio,[.]. [l]es aseguraron que a partir de ese momento les darían protección y colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población. Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas, mientras a otros, les aseguraron que allí construirían casas". La CVR agrega que "[s]in embargo, cuando estuvo lista la supuesta piscina, los efectivos militares reunieron al centenar de pobladores alrededor de la poza, entre los que había hombres, mujeres y niños, y sin mayor explicación les dispararon a matar. Los asesinaron porque tenían sospecha de que estaban vinculados a la subversión; además, para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos que, luego de los hechos, comercializaron en Marccaraccay" (Informe Final, Tomo VI).
Lamentablemente, ante este repudiable hecho que afecta profundamente al país y especialmente la memoria de los familiares y víctimas que han sobrevivido al conflicto armado interno, una vez más se ve que el Estado no está asumiendo su responsabilidad de investigar, identificar, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas. Continúa poniendo trabas al proceso de judicialización de casos sobre violaciones a derechos humanos como es el caso de la matanza en la comunidad de Putis.
Tal como lo han denunciado instituciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de víctimas, en el caso de Putis persisten las dificultades para realizar las investigaciones preliminares y los procesos judiciales. No hay apoyo para realizar diligentemente las exhumaciones. Se constata la falta de un sistema de protección para víctimas y testigos, la ausencia de defensa legal para las víctimas y la reiterada negativa por parte del Ministerio de Defensa para facilitar lainformación requerida por las instancias respectivas.
Putis nos recuerda la necesidad de reconocer que la herida sigue abierta y que, por lo tanto, es fundamental retomar el impulso en la lucha por seguir exigiendo rendición de cuentas al Estado y alcanzar verdad justicia y reparación. Resulta inaceptable que a cinco años del informe final de la CVR, la mitad de los casos entregados para su judicialización se encuentren aún en proceso de investigación preliminar, que las reparaciones colectivas no se implementen con la celeridad necesaria, sobre todo, en las zonas más afectadas y que cerca de 4.000 sitios de entierros clandestinos reportados por la CVR sigan esperando una investigación en el marco de un Plan Nacional de Antropología Forense.
Los representantes del Estado, desde el Presidente de la República hasta los más altos mandos de las Fuerzas Armadas, deben rechazar públicamente estas acciones, deslindar con los militares que violaron los derechos humanos de los campesinos y campesinas de la comunidad de Putis y pedir perdón en nombre del Estado, a las víctimas y sus familiares.
Este debería ser el primer paso para garantizar justicia y seguridad a los testigos y reparación a las familias y comunidades afectadas.
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